Comienza 2016 bajo el signo de la inquietud que produce la incertidumbre de los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 20 de diciembre. Los españoles fuimos convocados a las urnas para votar un nuevo parlamento que, a su vez, elegiría un presidente del gobierno para los próximos cuatro años.
A la vista de los resultados, el Congreso estará conformado por representantes de 13 partidos políticos y ninguno con la mayoría suficiente para formar gobierno. El PP es el que más escaños ha conseguido, pero sus 123 diputados – 33 más que el PSOE – quedan lejos de los 176 que constituyen la mayoría absoluta. Para que Mariano Rajoy pudiera gobernar haría falta la abstención de Ciudadanos (40 diputados) y del PSOE (90 diputados). Albert Rivera ya ha manifestado su predisposición a favorecer el comienzo de la legislatura, no así el líder socialista Pedro Sánchez que contra viento y marea quiere formar una mayoría pactando con quien sea, aunque esto suponga entrar en un período de inestabilidad muy perjudicial para el proceso de recuperación que está viviendo el país después de haber padecido una crisis de grandes dimensiones.
Hay aún muchas cosas por hacer. La creación de empleo, el problema territorial y el déficit son, probablemente, los asuntos más urgentes que deben ser atacados con serenidad, visión de futuro y nuevas reformas. De ello dependen la estabilidad, el prestigio internacional y los recursos para mejorar las prestaciones sociales.
No es el momento para aventuras echándonos en brazos de parlanchines inconsistentes que confunden el estado con una cafetería de facultad haciendo propuestas propias del tercer mundo o que nos aproximan a sistemas caducos de sangriento historial.
Los españoles nos hemos sacrificado en los últimos años, unos más que otros, para reflotar un país que se encontraba en estado catatónico y a punto de un rescate que hubiera supuesto sacrificios mayores de los que hemos tenido que sufrir. Anunciar derogación de leyes no es lo más indicado. Es el camino para volver a cero, para sufrir convulsiones económicas, políticas y sociales. Las posiciones ideológicas son legítimas, pero por encima de todo está el interés general. Desconocerlo o modelarlo a proyectos personales es lanzarse a un abismo del cual no se tiene retorno.
La posibilidad de unas nuevas elecciones en la próxima primavera no es lo deseable y además abriría una etapa de incertidumbre más acusada que la actual, cuyas consecuencias serían imprevisibles. Además, los resultados no serían muy distintos a los de los comicios celebrados el 20D salvo la probable pérdida de apoyos del que es actualmente el principal partido de la oposición y los pactos que hoy niegan tendrían que gestionarlos aunque sólo fuera por la urgente necesidad de subsistir.
Al margen la inexperiencia de Rivera, un político en ciernes de indudables cualidades, y el bajo nivel político e intelectual de Sánchez y de su equipo más cercano, el sentido común aconseja que se ponga en marcha la legislatura mediante un acuerdo PP, PSOE, Ciudadanos, basado en los puntos comunes de sus programas. Cualquier otra opción sería preocupante y tendría dos claros perdedores: el PSOE y el pueblo español.