Los españoles, y también observadores internacionales, estamos asistiendo a un preocupante, estúpido y siniestro espectáculo de inmolación política en la que sólo puede haber un único perdedor: la sociedad española en su conjunto.
La estrategia del partido socialista, liderado por Pedro Sánchez, es errática, tremendamente equivocada. Restregarle al PP sus casos de corrupción provoca fuertes reacciones que les recuerda que ellos tampoco están libres de culpa y, claro, de esta manera se llega al decepcionante “y tu más” que beneficia a un populismo que está agazapado esperando que los que son partidos mayoritarios se destrocen entre sí, dejando un país sin esperanza capaz de entregarse a las palabras bonitas de promesas que nunca se cumplirán y que pueden llevar a España hacía modelos políticos totalitarios en los que se conculquen las capacidades que garantiza la democracia en el marco de un Estado de Derecho.
Los ciudadanos estamos hartos de los casos de corrupción, sin importar las siglas que identifiquen a los corruptos. Con ellas se podría hacer una copiosa sopa de letras. El hartazgo se hace aún mayor cuando los políticos muestran su incapacidad para alcanzar acuerdos que revelen que hay voluntad de acabar con esta pestilente situación.
La corrupción, sin embargo, no es una novedad. Viene de lejos. Allí están, por recordar algunos, los casos Matesa, Filesa, Banca Catalana, Guardia Civil, BOE, PSV, etc. La justicia, en esta ocasión, no fue lo suficientemente ejemplarizante. Hubo además, en tiempos no muy alejados, actuaciones más que dudosas y enriquecimientos que no fueron explicados convincentemente por los implicados que eludieron “milagrosamente” la acción de la justicia y siguen ostentando actualmente cargos políticos o disfrutan de una posición económica envidiable. Así, abusos, expolios, falta de control, relajación política, y falta de rigor y tardanza en la justicia han ido creando un caldo de cultivo en el que “los listos” han sacado tajada o lo han intentado creyéndose impunes e inspirándose en el “filosófico principio: maricón el último”.
No se si será solamente una coincidencia, pero es en este gobierno del PP cuando la actividad policial y judicial contra los casos de corrupción ha crecido en intensidad. Hay una fiscalía que ha evidenciado su independencia en más de una ocasión y unas fuerzas de seguridad que están actuando sin interferencias del mando único ocupado por un político, ambos nombrados por el gobierno actual, muy afectado por miembros o militantes del partido que lo sostiene.
La corrupción es una lacra y hay que combatirla hasta acabar con ella, pero afirmar que todos los políticos son corruptos es una temeridad. A la vista de los hechos conocidos y los casos que se están instruyendo en los tribunales, de cada 100 políticos más de 99 están limpios. Aunque el porcentaje de indeseables sea menor del 1% hay que extirparlos de la función pública y sancionarlos severamente de acuerdo con nuestros códigos de justicia.
El diagnóstico esta hecho, la enfermedad confirmada. Ahora hace falta aplicar la medicina y esta no es la pasividad, la tolerancia, el reproche mutuo o la justificación de acciones reprobables. La corrupción tiene muchas caras y cualquiera de ellas es igualmente grave. Los casos que actualmente descorazonan a la sociedad tienen sus propias características: los ERE, los Cursos de Formación, Las facturas falsas, Bárcenas, Operación Púnica, Pujol… Los españoles están desorientados y tomen el camino que tomen se encontraran con un caso de corrupción y es comprensible su desconfianza en los partidos políticos e incluso en los sindicatos, también involucrados.
La mayor responsabilidad recae sobre los partidos que ostentan la gran mayoría parlamentaria y que, de cumplirse lo que dicen las encuestas, dejarían de tenerla, lo que sería muy negativo para el devenir político español ya que sin los dos tercios de la cámara no se podrían abordar las reformas constitucionales necesarias para perfeccionar nuestro modelo político. PP y PSOE están obligados a entenderse para adoptar drásticas medidas contra la corrupción e iniciar un profundo proceso de regeneración que aparte de los cargos públicos a cualquiera que esté bajo sospecha y, más aún, si se encuentra imputado o condenado. Una comparecencia conjunta de los líderes de los populares y de los socialistas anunciando esta iniciativa y las primeras decisiones adoptadas podría ser un buen comienzo para ir recuperando la confianza perdida.
El pasado mes de octubre, el Papa Francisco dijo a los juristas penales que le visitaban en el Vaticano: “La escandalosa concentración de la riqueza global es posible a causa de la connivencia de los responsables de la cosa pública con los poderes fuertes. La corrupción, es en si misma un proceso de muerte… y un mal más grande que el pecado. Un mal que más que perdonar hay que curar”. En este sentido no hay que perder de vista la participación de los empresarios en el proceso de corrupción – son los corruptores – y contra ellos las sanciones deben ser también ejemplarizantes.
Aunque no fue escrito para estos casos, me viene a la memoria un fragmento de las Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, que bien podrían aplicarse a la situación actual:
¿O cuál es de más culpar,
aunque cualquiera mal haga;
la que peca por la paga
o el que paga por pecar?